Se cumplen hoy 6 años del asesinato del colectivero Pablo Flores, chofer de la línea 218 que fuera víctima de tres balazos disparados contra su humanidad en la noche del 1 de octubre de 2020 en Virrey del Pino mientras estaba al mando del interno 75 de la línea 218.
El crimen permanece impune: no hay culpables hallados por la justicia pese a que se realizó un juicio contra tres imputados, de los cuales uno tenía el arma homicida. Lo más curioso: la causa fue archivada por decisión de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, mientras la familia del trabajador pide que se sigan diversas pistas que pudo reunir en base a la tarea de un investigador privado.
“Sabemos que esto fue un plan y quienes mataron a mi hermano no fueron sólo quienes dispararon. Nosotros exigimos esclarecer desde quién ideó esta trama que terminó con su vida. Sabemos que fue un crimen por error: lo voy a decir siempre, hasta el último de mis días”, reflexionó Elisa Flores, la hermana de Pablo.
En conversación con Primer Plano Online, la mujer insistió en que “Pablo no es un expediente”. “Era un trabajador que salió a trabajar y nunca volvió a casa. Era una persona de bien, no tenía problemas con nadie. Nos cuesta caer en la idea de que hace 6 años no lo escuchamos, no lo vemos, no lo abrazamos. Es muy terrible lo que vivimos: una ausencia que no se puede llenar con nada. Somos una familia triste y destruida para toda la vida”, completó con la voz entrecortada.
El derrotero judicial de un crimen todavía impune
Pablo tenía 37 años, desde 2014 se desempeñaba como chofer de la empresa Almafuerte y era papá de dos pequeños hijos. La noche del 1 de octubre de 2020, cerca de las 21.45, en la parada de colectivos ubicada en las calles Río Orinoco y Fernández, a la altura de la rotonda del barrio San Javier, el colectivo que manejaba fue frenado por hombres que aparentaron ser pasajeros.
Sin embargo, cuando detuvo la marcha para que suban, los asesinos corrieron hacia el lado izquierdo de la unidad y, a través de la ventanilla del conductor, le efectuaron varios disparos, tres de los cuales dieron en la cabeza de Flores, que murió en el acto. Desde un primer momento se instaló la idea de que fue la víctima equivocada y que las balas no eran para él. Eso nunca se esclareció.
El 13 de septiembre de 2022, el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 5, integrado por los jueces Matías Mariano Deane, Eduardo Alberto Sbriz y la jueza Gabriela Silvia Rizzuto, consideró que no había pruebas para condenar a los imputados Adrián Marone, su padre Néstor Marone y Oscar Vega, el dueño de un Peugeot 504 idéntico al que se observó yendo a la escena del crimen.
La justicia los absolvió del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido con el concurso premeditado de más de dos personas y con alevosía, calificación por la cual llegaron al debate privados de su libertad. Primó en la opinión del tribunal el beneficio de la duda. De los tres, el único condenado fue Néstor Marone, porque en su domicilio la Policía secuestró el arma que luego se comprobó fue con la que dieron muerte al chofer.
Por ese hecho, además de la tenencia ilegal de otro revólver, el TOC 5 le aplicó la pena de cuatro años de prisión más la declaración de reincidencia, con lo cual deberá cumplir completa la sentencia y no tendrá beneficios. Ese fallo fue ratificado en julio de 2023 por la sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que rechazó por “improcedentes” los recursos de queja presentados por las defensas de la viuda y la hermana del chofer asesinado y por el propio fiscal de juicio, Carlos Luppino.
El único pedido de la familia Flores: justicia
El veredicto absolutorio para los tres acusados llevó consigo la puesta a disposición del voluminoso expediente para que el Ministerio Público Fiscal “continúe la investigación a fin de individualizar a los autores del suceso”.
La causa finalmente volvió a la Fiscalía de Homicidios, y quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, que en julio pasado decidió su archivo por “agotamiento de las líneas investigativas razonablemente disponibles”. Expresado de otra manera: no hay nada para hacer. Los archivos son con criterio expectante, es decir, siempre dejando abierta la posibilidad de que aparezcan elementos de prueba novedosos que permitan orientar la pesquisa.
“Fue una gran desilusión”, enfatizó Elisa respecto de esa decisión. Ella sigue reclamando al sistema judicial que profundice pistas que consiguió en base al trabajo realizado por investigadores privados y no cesa en su pedido. El pasado lunes fue recibida por la fiscal general adjunta de La Matanza, Julia Panzoni, quien la atendió durante más de dos horas “con mucha empatía”.
“Me dio tiempo para expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía. La verdad, estoy muy conforme con esa reunión que tuvimos. Ahora no me queda más que esperar”, se esperanzó. Lo que se llevó como compromiso es revisar el archivo de la causa, lo que podría derivar en que se reabra el caso. “A nosotros lo único que nos queda es visitar a mi hermano en el cementerio sabiendo que no hay nadie pagando por lo que le pasó”, cerró la hermana del colectivero.
