Otros dos efectivos policiales y un civil fueron detenidos acusados de extorsionar automovilistas en la vía pública y exigirles el pago de dinero para poder continuar sus viajes. En este caso, los agentes pertenecieron hasta ayer al Comando de Patrullas de Ituzaingó: la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) los desafectó de inmediato.
Fuentes de la investigación precisaron a Primer Plano Online que los hechos denunciados fueron dos, aunque no descartan que puedan existir más víctimas. La causa la lleva adelante el fiscal Hugo Ravizzini, junto al equipo de la UFI N° 7 de Morón, y los procedimientos se realizaron en la mañana de ayer miércoles: hubo allanamientos en esa dependencia policial y en los domicilios de los tres acusados.
Las maniobras extorsivas denunciadas
Según lo que se pudo establecer en el expediente, el primero de los hechos sucedió el pasado 27 de julio a la medianoche sobre el Camino de la Rivera, entre De las Carretas y El Matrero del lado de Merlo. Por allí circulaba en un Chevrolet Prisma el primer denunciante al que los efectivos interceptaron con la excusa de que no tenía la chapa patente trasera de su vehículo colocada.
En esas circunstancias le exigieron la entrega de una suma de dinero que terminó siendo 100 mil pesos para “no llevarlo a la comisaría y que le saliera más caro el trámite”, detallaron voceros de la pesquisa. La víctima, que no tenía la totalidad del dinero, se comunicó con su madre y le pidió que le transfiera la mitad de ese monto, que lo juntó que lo otro que conservaba en su propia cuenta.

Así envío, a través de la plataforma Mercado Pago, la cantidad exigida a los uniformados pero a la cuenta de un civil, identificado como Gonzalo Nahuel Bono, también detenido. Ese joven fue el encargado de percibir el dinero de la extorsión y luego reenviarlo, tras retener una comisión, a la cuenta personal de uno de los oficiales. Además del rastro que deja el movimiento digital, hubo otros dos elementos claves en la causa.
Por un lado, que la víctima no tenía señal y recibió datos del celular de uno de los policías intervinientes. El rastro de conexión a la red ‘IPhone de Emiliano’ fue evidencia recopilada en la investigación. El otro elemento determinante: el registro del informe técnico de A.V.L, que es el sistema de localización vehicular policial, que confirmó que el móvil en cuestión (un Fiat Cronos del Comando de Patrullas Ituzaingó) estaba a esa hora en ese lugar, donde permaneció detenido por 20 minutos.
La segunda extorsión, pocas horas después
El segundo episodio denunciado ocurrió ese mismo día pero ya al amanecer, después de las 6 de la mañana. En ese caso, los policías se encontraron con un coche detenido (un VW Gol) en la intersección de las calles Famatina y Martín Rodríguez, en Ituzaingó. Era un grupo de amigos que regresaba de bailar de un boliche en Pacheco y habían frenado para orinar.
La exigencia fue idéntica: un monto de 100 mil pesos para no secuestrar el rodado por supuestas irregularidades que presentaba. En rigor, le mencionaron al conductor “sabemos que estás alcoholizado” y que el polarizado en los vidrios no está permitido. “Te conviene arreglar con nosotros, no nos hagas llamar a Tránsito”, fue la frase que le pronunciaron para extorsionarlo.
Ante la amenaza, la víctima optó por pagar 30 mil pesos en efectivo y transfirió otros 70 mil mediante la aplicación Mercado Pago a la misma cuenta que la destinó el primer denunciante: la de Gonzalo Nahuel Bono. Idéntica operatoria: ese destinatario recibió la plata y luego la giró -con un descuento por la comisión- a uno de los efectivos involucrados en la maniobra.
Quiénes son los policías detenidos
Ambas víctimas no sólo coincidieron en la descripción de los hechos, en las características de los oficiales intervinientes y también en el tipo de móvil en que se desplazaban: el interno 56873. Por eso, el fiscal Ravizzini solicitó las detenciones de los tres implicados: los policías Emiliano Joel Mercado (29) y Marcelo Adrián Carna (38) ambos acusados de coautores del delito de extorsión reiterado en dos hechos, y del civil mencionado Gonzalo Nahuel Bono (30), acusado de ser partícipe necesario en las maniobras.
El Juzgado de Garantías N° 6 de Morón también ordenó allanar los domicilios de la calle Tarija al 1200, en Merlo (perteneciente a Mercado); Presidente Perón al 6.900 de Ituzaingó (donde vivía Carna hasta su detención); y de Boedo al 1000 de El Palomar (la casa de Bono). Además, personal de AGAI allanó las oficinas del Comando de Patrullas de Ituzaingó, en Henry Dunant 1560.
Fuentes de la investigación confirmaron a Primer Plano Online que los tres detenidos se negaron a declarar. El delito que enfrentan los policías no es excarcelable porque, en sus casos, tiene el agravante de haber sido cometido por funcionarios públicos. La pena que contempla el Código Penal es de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos en el Estado.











