El Gobierno de Axel Kicillof impuso una multa de 300 millones de pesos a la empresa aérea Flybondi por una serie de incumplimientos que la compañía acumuló en los últimos meses. Y más allá de que la firma cuestionó la sanción porque consideró que la Provincia no tenía jurisdicción sobre sus operaciones, ya pagó el monto correspondiente: tenía más de 2.500 denuncias de parte de usuarios.
Así lo confirmó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, en una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano. “Era una locura la cantidad de denuncias que tenía. Y pagó la multa impuesta”, precisó el funcionario.
La medida fue a raíz de vuelos cancelados y falta de respuesta a consumidores con domicilio en territorio bonaerense. La aerolínea fue sancionada tras confirmarse sus infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, a partir de las presentaciones hechas por los damnificados en jurisdicción provincial.
“En la Provincia no se puede hacer cualquier cosa. Nación se ha retirado de defensa del Consumidor, pero nosotros nos hacemos cargo cuando hay una denuncia. No hay ninguna animosidad contra las empresas: si cumplen las reglas no hay multa”, completó Aguilar.
El caso Mercado Libre
La Dirección Provincial de Defensa de Consumidores inició una actuación de oficio contra la empresa Mercado Libre S.R.L. por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión.
La medida tuvo lugar en el marco de una fiscalización de oficio realizada sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la empresa, en los que se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria.
“Nosotros lo que hicimos fue informar a Mercado Libre que tenía 10 cláusulas abusivas en sus contratos y las tenía que retirar. Si las adecúa, no tendrá multa”, detalló Aguilar. “Se multa si vulnera derechos. No es nada contra las empresas sino en defensa de los consumidores”, concluyó el funcionario.
Aguilar recordó el antecedente Netflix, otra empresa que violaba normativas vigentes que hacer a los derechos de consumidores. “Tenía una cláusula que decía que un ciudadano de La Matanza, si tenía un reclamo, tenía que dirigirlo a un tribunal de Delaware de Estados Unidos, entre otras realidades. Eran tres cláusulas las que estaban mal. Le planteamos a la empresa, la empresa contestó, sacó las cláusulas, no tuvo sanción en ese caso”, recordó.
