Los diputados provinciales Ruben Eslaiman y Facundo Tignanelli, del bloque Fuerza Patria, presentaron un proyecto de ley para declarar de Interés Legislativo el fallo emitido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, quien calificó como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez ocurridos el 10 de junio de 1956.
La sentencia, considerada por ambos legisladores como “histórica”, fue dictada el pasado 22 de junio en el marco de un Juicio por la Verdad, estableció la responsabilidad del Estado Nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos ocurridos durante la denominada Revolución Libertadora.

Asimismo, en el veredicto se determinó que “existió una persecución sistemática” contra ciudadanos bonaerenses por motivos políticos, hecho que configura un delito de contra la humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles para la legislación actual.
La iniciativa legislativa también solicita que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, declare de Interés Provincial esta resolución judicial, que es “un paso fundamental en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia”, según Eslaiman y Tignanelli.
Fusilamientos, 5 crímenes y 7 sobrevivientes
Los fusilamientos de José León Suárez “constituyen uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina”, afirmaron ambos diputados en el texto.
Aquella madrugada de 1956, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un descampado donde se llevaron adelante ejecuciones sumarias. Del total de secuestrados, 5 personas fueron asesinadas y otras siete lograron sobrevivir, permitiendo que sus testimonios, junto con la investigación realizada por el periodista Rodolfo Walsh en su libro ‘Operación Masacre’, sacaran a la luz la verdad de los acontecimientos.

Ahora, más de medio siglo después y ya con la democracia consolidada en nuestro país, la justicia emitió una resolución que “salda una deuda histórica con las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina en su conjunto”, coincidieron Eslaiman y Tignanelli. El fallo “reafirma que el paso del tiempo no puede borrar ni justificar los abusos cometidos desde el aparato estatal”.
Asimismo, se pone en valor la lucha sostenida durante décadas por familiares y organismos comprometidos con la búsqueda de justicia, cuyo trabajo permitió que, siete décadas después, los hechos fueran reconocidos bajo la categoría jurídica internacional correspondiente.











