El titular del Juzgado de Garantías N° 5 de Morón, Jorge Rodríguez, fue víctima de una brutal entradera en su casa de Laferrere el pasado 17 de diciembre mientras dormía con su esposa. Desde un primer momento la investigación fue un fierro caliente: por las personas asaltadas, lógico, pero también por las sospechas de intervención policial que rondaron al caso.
Casi 5 meses después del hecho, el Ministerio de Seguridad bonaerense dio a conocer información detallada sobre una serie de medidas que se llevaron adelante, que desembocaron en la detención de 12 personas en total, con lazos sanguíneos entre sí, sospechadas de integrar una organización delictiva dedicada a robos a viviendas.
A esos datos oficiales Primer Plano Online le suma datos no conocidos hasta el momento de una causa en la involucra a varios grupos operativos de la fuerza y de la justicia. Del total de detenciones practicadas, a 5 casos la fiscal Evangelina Sánchez, de la UFI N° 11 de La Matanza, les solicitó la prisión preventiva. En esa cantidad hay un efectivo de la Policía bonaerense, que formaba parte del Comando Sur de la fuerza, con base operativa en Laferrere.
Una denuncia explosiva
Según la denuncia que realizó el magistrado, aquella madrugada se despertó con un sujeto sujetándolo del cuello. Su primera reacción fue intentar tomar un arma de su mesita de luz y recibió como respuesta un revólver en su cabeza, amenazante. A su esposa la encerraron en una habitación contigua, la empezaron a golpear y él lo intimidaban con que lo iban a matar si no decía dónde tenía dinero. Todo sucedió en una vivienda de la calle Ricardo Gutiérrez al 5300, entre Ruiz de los Llanos y Martín Coronado de Gregorio de Laferrere.
Los delincuentes se llevaron un botín en pesos y dólares, objetos de valor y 15 armas, muchas de ellas de grueso calibre como fusiles, además de un chaleco antibalas de las que el juez Rodríguez es legítimo usuario, además de su teléfono celular. La banda que ingresó a la casa llegó y huyó en un auto, que fue ubicado y rastreado luego por cámaras de seguridad: un Renault Clío negro. Ese fue el puntapié inicial de la investigación.
La fiscal Sánchez trabajó con personal de la DDI La Matanza y a agentes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. La funcionaria solicitó autorización al Juzgado de Garantías Nº 4 de ese Departamento Judicial, a cargo del juez Fernando Pino Guevara, que convalidó un primer procedimiento realizado en el barrio Los Perales, de Villa Lugano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí fue detenido el primer sospechoso mencionado en el voluminoso expediente judicial, identificado como Lionel Tobías García (19), a quien le secuestraron -además del rodado en cuestión- guantes, barretas, pasamontañas y herramientas usadas habitualmente en el tipo de delito que sufrió el magistrado. En la jerga policial se lo conoce como kit de escruche.
A ese imputado le secuestraron su celular personal, que arrojó datos para continuar con la pesquisa. Así se pudo determinar que, un rato después de la entradera al juez, llamó por teléfono a su tía, que vive en cercanías de la casa intrusada. Ese fue el segundo indicio en el caso y lo que determinó la cascada de 21 allanamientos en total.
La cadena de detenciones con lazos sanguíneos
La tía de García fue también detenida y forma parte de la investigación, aunque aún no está determinado su rol. Hubo un tercer domicilio en el que la justicia ordenó un procedimiento de urgencia para determinar su vinculación ya no sólo con el robo al magistrado: se cree que era base de operaciones para organizar otros delitos. El dueño de esa casa, tío de Lionel Tobías García, tiene pedido de captura y se encuentra prófugo de la justicia.
Cuando la Policía llegó a esa finca había 4 sujetos jugando a las cartas, de los cuales 3 huyeron corriendo por los fondos. El cuarto quedó detenido: le secuestraron 1400 dólares que, según se excusó, eran para las apuestas que estaban ejecutando. En esa casa había también armas, precintos y handys con frecuencia policial. ¿Para qué tenían esos dispositivos de comunicación? Ahí radica la trascendencia del hallazgo: todo indica que hay personal policial involucrado en la organización delictiva.
En esa vivienda símil casa de juegos los uniformados incautaron una cajita de madera llamativa por su contextura y extraña para el lugar en el que se encontraba. “Había sido robada a una pareja de personas adultas mayores que sufrieron una entradera en su casa tres horas antes. Se ve que les gustó y se la quedaron o que se estaban repartiendo el botín”, describió una fuente de la investigación.
La hipótesis judicial es que se trata de una banda integrada por varones y mujeres que cometen distintos hechos y que cada uno tiene un rol determinado que se va alternando según la ocasión. La fiscal Sánchez pidió la prisión preventiva de 5 sujetos por el robo a la casa del juez Rodríguez: el resto de los detenidos siguen siendo investigados para determinar los delitos a imputarles.
Un policía detenido
Al efectivo policial detenido, en tanto, llegan porque se determinó, mediante el cruce de datos arrojado por las antenas de su celular, que la noche del hecho “estuvo merodeando la casa del juez”, detallaron los voceros. Cuando le allanaron su vivienda le incautaron una escopeta y una pistola que no estaban registradas, pero que no pertenecen al juez. Eso de por sí es, como mínimo, una irregularidad.
Sin embargo, hay algo que lo compromete aún más: una serie de cartuchos de escopeta que, al exhibírselos, el juez Rodríguez reconoció como propios. Por el momento, el testimonio de la víctima es el principal elemento en contra del efectivo, que permanece detenido. Si bien en un primer momento le incautaron un teléfono que sospechaban era del magistrado, eso fue descartado por las pericias de rigor.
El oficial Nahuel Bazán fue, asimismo, apartado de sus funciones por la Auditoría General de Asuntos Internos de la Bonaerense hasta tanto se esclarezca su situación. ¿Cuál es la sospecha sobre él? Que prestó colaboración a la banda mediante acceso al sistema 911 para avisar en qué momento debían retirarse de cada uno de los golpes que daba.
Las pericias sobre los celulares y el resto del material incautado en los procedimientos se realizarán hoy jueves y se espera que surjan nuevos elementos para profundizar la pesquisa, que no está cerrada. Lo que no hay hasta el momento es el secuestro de alguna de las 15 armas que le llevaron al magistrado ni mucho menos del dinero. La carátula de la causa es robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, con empleo de armas de fuego y con privación ilegal de la libertad.
