El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) presentó un documento ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) con el que advierte sobre “presuntos incumplimientos” de distribuidoras eléctricas que operan en territorio bonaerense “sin cumplir plenamente con la obligación legal de contar con un representante técnico Ingeniero que se encuentre habilitado para ejercer la profesión”.
El planteo de la entidad que preside Jorge Castellano, al igual que ya lo hiciera en el año 2025, pone el eje en el cuidado de la seguridad pública, argumentando que la intervención formal de un Ingeniero electricista debidamente matriculado “no es un requisito burocrático sino una garantía concreta de control sobre instalaciones que, por su propia naturaleza, implican riesgo permanente”.
Hay en vigencia, de hecho, una ley provincial que regula el ejercicio profesional de la Ingeniería y que exige que toda empresa que ejecute trabajos propios de la disciplina cuente con respaldo técnico habilitado. Desde el Colegio explicaron además que el visado previo de los contratos profesionales permite verificar que el ingeniero interviniente posea título habilitante, matrícula vigente, incumbencia adecuada y que no registre sanciones disciplinarias.
Peligros por incendios, electrocuciones o daños materiales
Más allá del debate jurídico, el punto central del planteo es el impacto sobre la calidad y seguridad que estos prestadores del servicio le brindan, y por el cual le cobran, a sus usuarios. “La distribución eléctrica es una actividad considerada riesgosa por la jurisprudencia y por el propio marco regulatorio nacional y provincial”, enfatizaron desde el CIPBA, y también destacaron que las instalaciones en la vía pública, el mantenimiento de redes, transformadores y líneas aéreas “requieren supervisión técnica especializada para prevenir fallas que puedan derivar en incendios, electrocuciones o daños materiales”.
Desde la entidad colegial argumentan que la supervisión periódica, la detección de anomalías y la corrección de fallas “requieren conducción técnica idónea y registrada” que, por la necesidad de formación específica debido a la peligrosidad que conllevan, son actividades reservadas por ley a los Ingenieros.
El CIPBA remarcó que su intervención “no persigue un fin corporativo” sino el cumplimiento de una función pública delegada por ley: gobernar la matrícula y controlar el ejercicio profesional en resguardo del interés general. Desde esa perspectiva, el control técnico adecuado constituye una barrera preventiva frente a riesgos que pueden afectar directamente la vida, la integridad física y los bienes de miles de usuarios bonaerenses.
La advertencia es clara: en materia eléctrica “no hay margen para interpretaciones laxas”. “Relajar los estándares de calidad de operación implica asumir un riesgo innecesario que la sociedad no debería tolerar”, concluyeron desde el Colegio de Ingenieros.
