Martín Miani es el flamante subsecretario de Defensa de Usuarios y Consumidores y Resolución Alternativa de Conflictos de Morón. Las oficinas de la dependencia están ubicadas en Mitre 957, y tiene por delante el desafío de dotar a la población de “herramientas concretas para hacer valer la ley”.
Miani es abogado, egresado de la Universidad de La Matanza y matriculado en ese Departamento Judicial para el ejercicio de la profesión. Es vecino de El Palomar, localidad en la que vivió siempre, y para el que fue designado es su primer cargo como funcionario público.
“Desde nuestro lugar tenemos la posibilidad de multar, siempre en conjunto con la Justicia de Faltas, y de generar un cierto nivel de coerción para el cumplimiento de las normas. Hay herramientas concretas para hacer valer la ley”, reveló en charla con Primer Plano Online. “Lo que necesitamos es evitar ciertas conductas en el ejercicio del comercio por parte de empresas que hacen lo que quieren cuando se encuentran en una posición dominante”, enfatizó.
“Iremos trabajando sobre una dificultad que tenemos, que es el poder sancionatorio de la Justicia de Faltas. Venimos viendo una baja en la cuantía de las multas, cuyo número final lo ponen los jueces de faltas, y ahí necesitamos una colaboración más profunda para disuadir ciertos comportamientos de algunas empresas en lugar de recaudar”, agregó.
Resolución Alternativa de Conflictos
Hay otro brazo ejecutor de políticas públicas en la Subsecretaría al mano de Miani. Es la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, cuya finalidad es mediar principalmente en problemas vecinales o familiares para evitar que lleguen a tener intervención judicial. “Es un proceso voluntario, en el que se necesitan acuerdo de ambas partes para poder intervenir”, describió el funcionario.
“La impronta personal que yo le quiero dar al área es la territorialidad: tratar de estar más cerca de los vecinos, llevar las oficinas a los barrios para que la gente conozca cuáles son sus derechos y las herramientas con las que cuenta a la hora de reclamar”, resaltó sobre la tarea a desarrollar.
Asimismo, diferenció su accionar del que ofrece un instituto como la Defensoría del Pueblo, que tiene una función “mucho más amplia” de casos para abordar. “Nosotros estamos atados a la Ley de Defensa del Consumidor y sólo intervenimos en algunos de los supuestos que están en el texto”, completó.
Para finalizar, recalcó que ambas dependencias promoverán “multas ejemplificadoras para casos reclamados y que no se repitan las faltas de las empresas”, y “que todo vecino sepa de estas oficinas para resolver cuestiones que a veces entre privados no pueden”.
