Después del intento de copamiento al edificio en el que funciona el Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín a manos de una banda narco, en donde hubo amenazas a trabajadores y al magistrado a cargo de esa dependencia, Nicolás Schiavo, la política y la justicia decidieron poner manos a la obra para reforzar la seguridad en oficinas judiciales.
La presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, recibió en su despacho al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, para avanzar en la firma de un convenio marco de cooperación institucional que permita establecer un protocolo para la asignación de personal policial que custodie las distintas estructuras en las que se desempeñan funcionarios de la justicia.
“Lo que se va a establecer de manera conjunta y coordinada son las pautas para formalizar requerimientos y la asignación de personal policial para la prestación de custodia y seguridad en los edificios donde funcionan las distintas dependencias de la Administración de Justicia del Poder Judicial provincial”, se informó oficialmente desde el máximo tribunal.
El cónclave fue realizado en el Salón de Acuerdos de la Corte y contó también con la presencia de los jueces Sergio Torres y Daniel Soria, y del jefe de la Policía provincial, Javier Carlos Villar. En la mesa se sentaron, asimismo, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Matías Rappazzo; el titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y los funcionarios de la Suprema Corte Amós Grajales, Matías Álvarez y Néstor Trabucco.
Acuerdo institucional
El acuerdo firmado establece que el servicio de custodia en edificios judiciales podrá extenderse, en forma excepcional, a otros ámbitos cuando así lo dispusiera un magistrado por razones vinculadas a la seguridad de la actividad judicial, tal el caso de audiencias de debate o producción de prueba en lugares distintos a la sede del órgano jurisdiccional.
Para la implementación del convenio, la Suprema Corte se comprometió a “concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad” y a transmitirlos al Ministerio de Seguridad por los canales que se establezcan en los protocolos institucionales que se definan al efecto. Es decir, será siempre el máximo tribunal el que canalice los pedidos.
La cartera de Seguridad, en tanto, tendrá a su cargo evaluar en cada caso los motivos de esos requerimientos y la modalidad de la prestación del servicio, conforme los criterios técnicos y operativos que considere pertinentes para garantizar su adecuada prestación.
