El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza hizo lugar a un Habeas Corpus Colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, al detectar graves problemas en el suministro de agua en la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán. La situación se ve acentuada por la sobrepoblación del penal y las altas temperaturas que vienen siendo una constante en la presente temporada estival.
La falta de cumplimiento del deber estatal de garantizar condiciones dignas que tienen directa implicancia en el aspecto sanitario al faltar el agua potable y el exceso de detenidos alojados en la unidad, fueron constatados por el Juzgado de Garantías a cargo de Ricardo Tripaldi que hizo lugar a la presentación. Por esta razón, prohibió ingresos a la unidad durante 30 días, ordenó que se llevan a cabo las obras y reacondicionamientos necesarios para lograr el óptimo funcionamiento de dos bombas sumergibles de suministro de agua y del funcionamiento automático de la red contra incendios y dispuso el seguimiento periódico del problema.
Tanto por lo que se constató durante la inspección como por lo que respondieron los distintos informes solicitados por el juzgado surge que la situación en la unidad no es nueva. El problema del agua comenzó en el mes de abril de 2024 con deficiencias en una de las bombas que recién se reparó un año después, pero al ser reemplazada por una de mayor potencia afectó el funcionamiento de la otra que continúa sin solución.
Esto genera la disminución de la provisión en distintos sectores de la unidad y en diferentes rangos horarios lo que hace que tengan que almacenar agua durante la noche en baldes y bidones para utilizar durante el día, destacó la agencia de noticias Andar. Es por eso que “debe conjugarse con la cantidad de personas alojadas, lo cual, evidentemente y según lo informado, supera el cupo ideal para su funcionamiento”, resaltó el juez.
El fallo reconoció que la situación de esta dependencia “se enmarca en un contexto general en el cual las unidades penitenciarias frecuentemente padecen este tipo de conflictos”. Tal como se consigna en el último informe anual de la CPM y también en Registro Nacional de Casos de Tortura del último año, las malas condiciones de detención son el tercer hecho de tortura y malos tratos más denunciado por las personas detenidas: celdas inundadas o sin agua, sin luz, con plagas, sin calefacción en invierno o sin ventilación, entre otras situaciones, incumplen con estándares mínimos de habitabilidad para los espacios de encierro. Las condiciones inhumanas de alojamiento y el nulo acceso a servicios indispensables, constituyen violaciones a los derechos humanos que requieren ser resueltas.
