Por haberse probado en el juicio el abuso sexual contra cuatro compañeras de trabajo de diferentes áreas (una funcionaria y tres empleadas de limpieza), el ex instructor judicial Carlos Iturriza Landó fue condenado a dos años de prisión en suspenso más la inhabilitación de su matrícula por un año, además del pago de 5 mil pesos de multa y de la obligación de realizar un tratamiento psiquiátrico para abordar la patología que lo aqueja.
Rosana Datri, actualmente auxiliar del Juzgado de Garantías del Joven 1 de Morón, fue una de las denunciantes del ahora condenado y manifestó su conformidad con el fallo en conversación con Primer Plano On Line. “Ahora espero que se resuelva el sumario administrativo que se tramita en La Plata desde hace 7 años y que nunca más en su vida pueda ocupar un cargo público”, se desahogó tras años a los que definió como “de sufrimiento y angustia”.
A lo largo del juicio, el juez Lucas Varangot dio por probado que los hechos denunciados existieron a través del testimonio de diversos especialistas. ¿Cuáles fueron esos hechos? Iturriza Landó se desnudaba en los pasillos y acosaba a las trabajadoras del área de limpieza. Incluso cuando estaba de traje frente a sus pares también solía tener conductas absolutamente repudiables, como manoseo, toqueteo y hasta apretones en el cuerpo con la finalidad de satisfacer su deseo. Hubo testimonios, asimismo, que no fueron llevados a juicio pero que constan en la investigación previa y que dan cuenta de familiares de víctimas de delitos o hasta de condenados a quienes les ofrecía mejorar sus condiciones a cambio de mantener relaciones sexuales.
A esas mujeres, de diferentes edades, las citaba en horarios recónditos a su despacho de la calle Colón y les salía con la propuesta indecente. “Había mujeres que iban golpeadas a denunciar violencia de género y a una de ellas le hizo abrir su camisa para mostrarle los senos. Una compañera de él, que estaba en el escritorio siguiente lo paro y le dijo a la denunciante que se abroche los botones porque no era necesario”, explicaron fuentes judiciales a éste medio.
En el caso de Datri, la mujer por primera vez se animó a relatar el calvario que padeció, del que fue testigo presencial e involuntario su pequeño hijo de tan sólo seis años. “Yo fui secretaria gremial del sindicato de Judiciales de Morón, y él me pidió ayuda para armar una defensa porque decía que era perseguido por (el fiscal general de Morón, Federico) Nieva Woodgate. Así lo declaró en el juicio. Fuimos al domicilio de Mirta Sutini, empleada del Archivo Departamental, para buscar leyes que pudieran ayudarlo en un escrito que preparaba y se hicieron cerca de las 21 quise pedir un remís para ir a mi casa y me dijo que no, que él me llevaba, y así hizo. Pero al llegar a mi domicilio, frenó en la puerta y me pasó la mano por la espalda. Entonces trabó las puertas del auto y empezó a manosearme. Lo insulté y le empecé a pegar, abrió las puertas y antes de salir volvió a manosearme”.
La dramática y abusiva secuencia no terminó ahí, como suele pasar con los depravados que intentan ejercer presión psicológica con sus víctimas. “Empezó con llamadas intimidatorias y a perseguirme para que no hiciera la denuncia. Por ejemplo, lo veía cuando salía de mi despacho parado ahí, en la puerta, y hasta llegó a seguirme con el auto. Pero luego del shock inicial hice la denuncia y después tomaron valentía las chicas de limpieza que también lo denunciaron. Ahora, que se hizo justicia, quisiera no verlo nunca más en los tribunales”, concluyó Datri su relato.
Durante el juicio, el abogado de Iturriza Landó intentó explicar que la conducta de su defendido se trataba de un caso relacionado con algún tipo trastorno de conducta similar a la falta de frenos inhibitorios y no de perversión, las autoridades que analizaron el caso tomaron en cuenta la opinión de diversos profesionales, quienes coincidieron en señalarlo como un psicópata, pero que puede comprender sus acciones, se conecta con el mundo y no tiene enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, no padece alteraciones de tipo mental.
Ahora, el futuro del condenado está en manos del Procurador General, Julio Conte Grand, y de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, quienes deben definir sobre su cesantía definitiva y posterior exoneración.
