La administración de Javier Milei apura el debate parlamentario para bajar la edad de imputabilidad en todo el país, que actualmente está determinada desde los 16. El proyecto girado por el Ejecutivo plantea bajarla a los 13 años, aunque para lograrlo es necesario contemplar los tratados internacionales sobre protección de los Derechos del Niño, que en la Argentina tienen rango constitucional.
En medio de la discusión que se inicia, el presidente Javier Milei dejó una frase fuerte: “nosotros mandamos el proyecto, pero cuando empezamos a mirar los números nos quedamos cortos: también la podríamos llevar a 10 años”. “¿Si fuese por usted la llevaría a 10 años?”, le preguntó el periodista Luis Majul en el canal La Nación+ al mandatario, que enfatizó: “delito de adulto, pena de adulto”.
El líder libertario calificó de “ridículo” el límite actual vigente para que un adolescente empiece a ser punible en la Argentina, y lo comparó con países como Inglaterra o Suecia, que arranca en los 10. “Uno de los asesinos de Kim (Gómez, la nena asesinada en La Plata por dos menores que la arrastraron durante varias cuadras en el auto que le robaron a su mamá) no podría haber salido, tendría que haber estado preso”, sentenció.
La búsqueda de consensos en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad
Esas ideas, expresadas por el Presidente, son las que intentará imponer el oficialismo en el Congreso. El texto redactado por el Ejecutivo baja la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque también hay otros ya presentados que establecen el límite en los 14. De buscar consensos se trata ahora la batalla parlamentaria.
Según la agenda de la Cámara de Diputados, hay un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Juventudes previsto para este miércoles a las 10. Será el puntapié inicial de una discusión que atraviesa las miradas de todos los bloques políticos en medio de un año electoral.
Entre las varias opiniones que se oyeron hasta el momento está la del juez Ignacio Racca, integrante del Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Mercedes, que el año pasado tomó relevancia pública por la manera en que dio a conocer la sentencia contra el cantante L-Gante.
“Un chico de 15 años es perfectamente consciente de lo que hace, lo que está bien y lo que está mal”, fue su reflexión para manifestar acuerdo con bajar la edad en que un menor se debe convertir en punible. Lo dijo en una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano por canal 7 de Flow.
Por qué el Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad
“El objetivo es terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar los aspectos más destacados del nuevo Régimen Penal Juvenil que debate el Congreso. Entre varios ítems contempla:
–Adolescentes de entre 13 y 18 años en conflicto con la ley
–Privación de la libertad: en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo
-Comunicación a los padres: de la imputación y demás actos procesales.
–Protección a la víctima: el Juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas
-Condenación condicional: si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
–Penas de 3 a 6 años: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.
–Control de cumplimiento: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo.
–Máximo de penas: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.
-Incumplimiento de la pena: ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
Supervisor: el juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
-Inimputabilidad: en los casos de menores no imputables (ejemplo, menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
