Otra bomba informativa de Primer Plano Online: 14 efectivos policiales fueron echados de sus funciones en Tres de Febrero luego de sumarse a una jornada de protesta en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.
La denuncia, radicada por el jefe de la Estación de Policía distrital, Hernán Humbert, fue por haber usado los elementos que son del erario público, como en este caso son patrulleros, para llevar adelante la manifestación. Fueron siete los móviles en total los que se sumaron a la protesta.
“Estuvieron varios minutos en un lugar desatendiendo sus funciones. Y subieron el video a las redes sociales, para que los vea todo el mundo”, precisaron fuentes de la fuerza consultadas por este medio. Por ese motivo la decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense fue desafectarlos luego de la intervención que tomó la Auditoría General de Asuntos Internos.
En un breve diálogo con Primer Plano Online, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, confirmó que conversó con el ministro Javier Alonso, al que le transmitió un pedido. “Le pedí que, en base a las decisiones de sancionar a estas personas, no se resienta el patrullaje en el distrito”, enfatizó. Sobre la sanción en sí consideró que no le corresponde opinar.
“Los policías no pueden desatender su función”
Diversas fuentes consultadas por Primer Plano Online para la elaboración de este artículo coincidieron en señalar que los policías no están sindicalizados y no pueden ejercer el derecho a protesta como si fueran trabajadores de fábrica nucleados en una organización gremial.
“Son funcionarios públicos y no pueden desatender la función que le fue conferida, que es ni más ni menos que el monopolio de la seguridad”, expresaron quienes avalan la determinación ministerial.
“El status de policía le da el carácter de funcionario público, no empleado público. Por ende, si hicieron abandono del servicio, eso está tipificado en el Código Penal y es un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, detalló otro conocedor de las leyes.
Además, la protesta se realizó con patrulleros, que “son bienes públicos y tienen un destino único uso, que es al servicio de la función policial”. “Si fue utilizado para otra cosa incluso puede caber la figura del peculado, que no es otra cosa que la malversación de caudales públicos”, completó otra de las fuentes.
En paralelo a la sanción tramita la causa penal, caratulada inicialmente como incumplimiento de los deberes e intimidación pública, que quedó radicada en la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Marcela Costa.
