En una movilización transversal, que involucró a diversos sectores políticos, sociales, gremiales, independientes e incluso a votantes de La Libertad Avanza, se llevó a cabo esta tarde sin ningún incidente una contundente marcha en defensa de la educación pública y en rechazo al veto que anunció el presidente Javier Milei a la ley que garantiza el financiamiento para las entidades educativas de nivel superior.
La marcha fue encabezada por docentes, no docentes, autoridades y estudiantes, quienes transitaron las calles porteñas “en defensa de la universidad pública y del sistema científico” nacional. La convocatoria tuvo una réplica en las principales ciudades de todo el país, y se estima que más de dos millones de personas se sumaron a la causa.
Cerca de las 18, cuando la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Piera Fernández, terminó de leer el discurso con los diez puntos del petitorio, las columnas comenzaron a desconcentrar y retirarse de la zona del Congreso. No hubo un solo incidente en toda la masiva protesta. Lo que trascendió, asimismo, es que el Gobierno nacional publicará esta noche el veto a la norma, que luego deberá ser convalidado por el Congreso.
“A nuestros representantes en el Congreso, muchos egresados de la universidad pública, les pedimos que sostengan en el recinto la ley y que introduzcan las modificaciones al proyecto del Presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia condiciones que garanticen su funcionamiento”, enfatizó la líder estudiantil.
“Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación con instituciones desfinanciadas la excelencia en la formación está en riesgo”, agregó. “Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revelan la indudable intención de asfixiar el sistema desmantelando uno a uno los pilares que lo sostienen”, completó Fernández en uno de los tramos centrales de su discurso.
Y concluyó: “defender las condiciones salariales y de trabajo de docentes y no docentes, en este angustiante contexto, no es defender privilegios. Es defender nuestros derechos, condiciones mínimas para la vida dignidad de quienes tienen la responsabilidad de formar futuras generaciones de profesionales”.
