Un total de 30 jóvenes, entre los que había varios menores de edad, fueron rescatados de un centro de rehabilitación en donde, supuestamente, habían sido alejados por voluntad propia o por sus familias para hacer tratamientos y dejar las adicciones a consumos problemáticos.
En el lugar, ubicado en General Rodríguez, los investigadores pudieron recopilar evidencias que consignaron que las víctimas eran “sometidas a la servidumbre” y a “trabajo esclavo”.
La pesquisa se inició cuando agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Mercedes recibieron un oficio del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, a cargo del juez Daniel Castro, que ordenó al grupo de especialistas poner la mira en el establecimiento.
La responsable de la comunidad detenida: qué delitos le imputan
Durante la pesquisa, los policías individualizaron a una mujer que administraba el centro y a los hombres sometidos. Luego de la orden judicial, los oficiales ingresaron al lugar para rescatar y liberar a las víctimas, que fueron entregadas a sus familiares.
En el procedimiento la Policía secuestró una navaja, una manopla, tres teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Hay un coordinador detenido, imputado por los delitos de esclavitud, reducción a la servidumbre, trabajos forzosos y privación ilegal de la libertad, mientras que la administradora fue identificada y por ahora sigue en libertad.
Asimismo, personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del lugar por diversas irregularidades, entre ellas, no contar con la habilitación respectiva como comunidad terapéutica para realizar esas labores.
El antecedente de la comunidad terapéutica Valientes
A principios de febrero de 2023, la justicia también allanó otra comunidad terapéutica en la que se denunciaron hechos similares. Se trató de ‘Valientes’, que fue clausurada por no tener papeles en regla para la actividad que desarrollaba y de confirmar las torturas a las que sometían a los jóvenes internados allí por consumos problemáticos.
La decisión fue tomada por la jueza María Celina Ardohain, responsable del Juzgado de Garantías Nº 3, a solicitud del fiscal Gabriel López, titular de la UFI Nº 8 y su secretario Matías Rumi, quienes investigaron el caso.
Luego de la recopilación de pruebas la magistrada dictó la prisión preventiva de los tres directores del establecimiento: Emanuel Iván Alegre, Germán Ferrante y Gonzalo Gabriel Llinás. Esa medida también alcanzó a los operadores Martín Sebastián Tosich y Yazael Lebian Sury.
