El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó que el gobierno compró un contingente de pistolas Taser y explicó cuál fue el procedimiento administrativo para realizar la operación, aunque también advirtió que no se trata de un armamento que vayan a usar “policías comunes”, al menos en un primer momento.
De este modo, el funcionario intentó ponerle una suerte de punto final al debate que se originó con la administración porteña, que reclama que se le permita el ingreso de esas herramientas para su fuerza de combate al delito. Según el ministro, esas trabas son burocráticas y no del ámbito de la política sino de la legislación vigente.
De todos modos, y más allá de una polémica sobre el uso de armas letales o no letales, que a esta altura ya parece absurda, Fernández detalló que, en principio, los grupos que serán preparados para el uso de las Taser son GEOF y el G1 de la Policía Federal, los Alacranes de Gendarmería, Albatros de Prefectura y la Policía Aeroportuaria.
“Estamos buscando que puedan entrenar, porque hay que entrenarse para usar esas armas”, sentenció, y ejemplificó con hipotéticos escenarios. “Cuando un grupo especial tiene que irrumpir por un allanamiento, por ejemplo, pueden pasar dos cosas. Que del otro lado le contesten y tengan que enfrentarse y eventualmente abatir a aquel que están confrontando o que tengan lugar para otra cosa y no tenga que ultimarlo. Puede sacar la Taser y así detenerlo”, graficó.
En ese sentido, remarcó la obviedad de que “no es lo mismo abatir a una persona que poder frenarla con este tipo de herramientas”. Y recalcó que estas armas “no son para policías comunes, aunque dejó abierta la chance para un futuro. “Yo no sé si el día de mañana los tendremos a todos con Taser”, cerró.
