La justicia archivó la causa contra el profesor de música D.G., quien recibió un total de 31 denuncias por abuso sexual mientras desempeñaba su tarea profesional en el Jardín N° 909 de Ituzaingó, ubicado en Los Cardales 37, entre Repetto y Filipinas de Villa Udaondo, y ninguna de ellas pudo ser probada.
La decisión de la fiscal Gabriela Millán, a cargo de la UFI Descentralizada N° 1 de ese distrito, responde a que no encontró elementos, después de 7 años de investigación, para poder avanzar en el expediente caratulado como abuso sexual simple agravado por resultar el imputado encargado de la educación o guarda de menores de edad.
Las presentaciones judiciales fueron realizadas en junio de 2019 y provocaron un escándalo en el establecimiento: la abogada patrocinante de padres y madres, Nadia Biorlegui, llegó a hablar de que el jardín parecía “una red de pedofilia” en un testimonio que brindó a Primer Plano Online luego de que separaran de sus cargos, preventivamente, a la directora y a tres docentes, incluido el imputado. Su testimonio se puede escuchar en el artículo publicado por este medio en aquel entonces.
Sin embargo, el tiempo pasó y todo se diluyó. Salvo, naturalmente, el prestigio del educador acusado, que hasta sufrió escraches en su casa y no pudo continuar con el trabajo para el que se formó. Todo por un delito que no cometió y por acusaciones fundadas en el efecto contagio a partir de que las familias comenzaron a actuar en un grupo de WhatsApp. Este medio se contactó con el docente, quien prefirió no hacer declaraciones por el shock que todavía sufre.
El juego de “chocar lenguas”
La denuncia en masa, con 8 casos iniciales y otros 23 después, arrancó cuando una mamá escuchó que su hija le contaba sobre un juego que hacían en el jardín durante la clase de música. Después de supuestamente haber expresado eso, la niña actuó de manera reticente ante las preguntas de su mamá, lo que alimentó la especulación adulta.
“Tenemos que chocar las lenguas tin tón y también las manos tin tón (sic)”, fue lo que supuestamente contó la menor, de 4 años. Esos dichos desencadenaron en una consulta grupal de la madre al resto de las familias de la sala y así arrancó el efecto cascada.
De todas las denuncias presentadas, sólo dos nenas fueron llevadas por sus padres a la entrevista en Cámara Gesell y ninguna de las dos presentó indicadores de haber sufrido abuso sexual infantil (ASI): el resto no fueron llevadas por sus responsables a pesar de haber sido fehacientemente notificada cada familia y de haber recibido la explicación sobre lo trascendente del trámite.
Incluso otra madre reconoció en la entrevista a la que fue convocada que hizo la denuncia “porque necesitaba saber si mi hija no me estaba contando algo”. “Le pregunté sobre el juego nuevo de las lenguas y ella me dijo que la sacaban afuera, pero que no la chocaban entre ellos. Yo dije que mi hija no había dicho nada y me dijeron que vaya igual y que declare eso”, fue su fundamento.
La resolución judicial de archivo
En el expediente judicial hay incorporados audios de una de las madres que inició la causa y las protestas frente al jardín en el que se escucha hablar a niñas y niños “absolutamente guiados por preguntas sesgadas e indicativas” por parte de los adultos. En eso se basa el principal fundamento del archivo de la causa: para los especialistas intervinientes lo que hubo fue “una suerte de contagio colectivo” que sugirieron a los menores qué responder.
Una de las peritos de parte que trabajó en la causa, Carina Romero, dictaminó que “de los relatos brindados por los adultos responsables de los niños evaluados surge que la información vinculada a los hechos investigados comenzó a circular inicialmente en el ámbito adulto”. “Este tipo de dinámica, constituye uno de los factores que la psicología del testimonio identifica como potencial generador de contaminación narrativa, especialmente en niños de edad preescolar, cuyo relato puede verse influido por la interacción comunicacional con adultos significativos”, completó.
Por eso la fiscal Millán dispuso que se concluya la investigación y que las actuaciones se giren al archivo debido a que los elementos contra el profesor D.G. “no alcanzan la entidad suficiente como para tener acreditado con el grado de certeza que se requiere en este estadio la existencia de los hechos denunciados”.
“Fueron siete años de defensa técnica con un colega abogado y un equipo interdisciplinario de peritos psicólogos de parte. Un verdadero calvario para mi asistido. Creo que no hay antecedentes de causas de tal magnitud que culminen en un archivo. Este fallo debe marcar tendencia y ser un buen precedente en temas de causas masivas, falsas o erróneas en contra de docentes”, cerró el abogado Sebastián Chouela, defensor del maestro.
