La justicia de Morón desarticuló una poderosa organización criminal integrada por abogados, una médica clínica y presuntas víctimas de siniestros viales dedicada a estafar, mediante un complejo entramado, a compañías de seguros y a personas que sí habían sufrido accidentes en la vía pública.
Luego de un total de 23 allanamientos por idéntica cantidad de imputados, personal de la Policía bonaerense, Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad detuvo a dos abogados y a la profesional de la salud, que tenían orden de detención emanada por la jueza Karina De Luca, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 6 de Morón, a raíz de la solicitud realizada por los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, de la UFI Nº 5 de ese Departamento Judicial.
En tanto permanecen prófugos, también con orden de captura nacional e internacional, los abogados Matías Rodrigo Giovanelli y Reinaldo Antonio Falcone. La otra mujer que no pudo ser ubicada es Micaela Carla Palmisano.
Según pudo saber Primer Plano Online con fuentes de la investigación, los procedimientos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una escribanía del centro de Ituzaingó (ubicada en Soler y Zufriategui); y en domicilios de El Palomar, Caseros, Lomas del Mirador, La Tablada, San Justo, Guernica, Lomas de Zamora, Glew, San Martin y Villa Adelina.
Cómo operaba la banda de caranchos
Los voceros detallaron a este medio que la organización “contaba con una sofisticada división de roles” integrada por abogados, una médica clínica y personas que realizaban falsas denuncias. Además, se promocionaba en redes sociales por medio de abogados influencers para captar clientes.
En la investigación se detectaron facturas falsas, domicilios inexistentes de estudios jurídicos y promociones en redes sociales sobre cómo obtener dinero rápido al realizar una denuncia por siniestros viales. Esas son algunas de las evidencias reunidas por la estructura delictiva, que no sólo promocionaba su accionar en redes sociales sino que también esas divulgaciones operaban a modo de captación.
“Son 11 hechos en total los que forman parte de la investigación. La matriz de los delitos era, en algunos casos, usar poderes falsos de víctimas reales de accidentes, porque los escribanos denunciaban esos sellos habían sido robados y las firmas no les pertenecían. Los abogados iniciaban reclamos con poderes falsos a la compañía de seguro, que les terminando abonando”, precisaron los voceros.
En otros casos, la maniobra era distinta: una mujer que formaba parte de la banda llamaba o promocionaba servicios jurídicos para que personas que tuvieran compañías de seguro de primera línea se contacten por ella para denunciar accidentes con motos a cambio de conseguir “un pago inmediato de dinero”, que eran un monto de 200 mil pesos “para pasar un fin de semana de vacaciones”.
Cuando picaba el anzuelo, se terminaba denunciando un siniestro falso, con facturas y reconocimientos médicos truchos. Ella transfería ese dinero prometido y seguía la tramitación con la aseguradora, que era Federación Patronal. El representante legal de esa empresa detectó la defraudación e impulsó la denuncia.
La imputación a los acusados de integrar la organización
Los delitos que se le imputan son uso de documento falso y estafas. Pero con un detalle: la multiplicidad de acciones en las que incurrieron, que son 11 en total. En todos están implicados los cuatro abogados que forman parte de la causa, y el resto de las personas sospechadas tienen diverso grado de implicancia.
Es decir: están quienes intervienen con una falsa denuncia de accidente, los médicos firmantes de certificados y aquellos que cobraron las indemnizaciones de la compañía aseguradora. Por eso hay autores, coautores y partícipes necesarios en la configuración de los delitos. La megacausa recién empieza.
